Por Redacción Al Tiro
En un clima de creciente tensión social, la Secretaría de Gobernación emitió esta mañana un contundente posicionamiento respecto al megabloqueo que mantiene asfixiadas las principales arterias de comunicación de la entidad. Contrario a lo que se esperaba —una mesa de diálogo inmediata—, la autoridad federal optó por la confrontación discursiva, descalificando la legitimidad de la movilización.
Fuentes oficiales de la dependencia aseguraron que, tras un análisis de inteligencia y monitoreo, se ha detectado que la estructura del bloqueo responde a una “motivación política” y no a una carencia social urgente. En su comunicado, la institución fue enfática al señalar que existen actores partidistas operando tras bambalinas, cuyo único objetivo es generar una percepción de ingobernabilidad de cara a los próximos tiempos electorales.
El caos vial, que ya suma más de 12 horas afectando a miles de transportistas y ciudadanos, fue calificado por el gobierno como una “medida de presión desproporcionada”. La autoridad sostuvo que los canales institucionales siempre han estado abiertos, pero que los líderes de la manifestación han optado por la intransigencia y el cierre de vías como primera y única opción.
“No cederemos ante chantajes ni permitiremos que se tome a la ciudadanía como rehén de intereses de grupo”, se lee en el informe oficial. Esta postura marca un endurecimiento en la política interior, sugiriendo que el desalojo por la fuerza pública podría ser una opción si no se libera la vía en las próximas horas, aunque oficialmente se sigue apelando a la “razón y la legalidad”.
Por su parte, los voceros del movimiento han rechazado estas acusaciones, tildando la respuesta gubernamental de insensible y autoritaria. Sin embargo, la narrativa oficial ya está instalada: para el Gobierno, esto no es una lucha social, es una estrategia de desgaste político. La moneda está en el aire y la ciudadanía, como siempre, queda atrapada en medio del conflicto.
